|
|
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
19 de abril de 2009
Incomunicados en la cárcel de El Manzano (Concepción)
hasta el lunes 20 de abril quedaron los comuneros José Huenuche,
Ramón Llanquileo y el estudiante Jonathan Huillican luego de
ser interrogados por el fiscal militar Fernando Grandón en la
capital penquista. La esposa de José Huenuche –trabajador
a jornal y nochero en Cañete- Millaray Paillalef, denunció que
se está
aplicando una doble sanción por una misma causa. Los detenidos
ya habían sido formalizados en Cañete –junto a otros
ocho mapuche, también arrestados el pasado 11 de abril- por los
mismos hechos, su presunta participación en la emboscada al fiscal
que se dedica con exclusividad a perseguir a los luchadores mapuche en
la provincia de Arauco, Mario Elgueta. Las detenciones practicadas en
marzo y abril han aumentado a un número cercano a la cincuentana el
número de presos políticos mapuche en Chile, que en enero
de este año eran 32. Una colusión en derechos humanos entre
policía y empresas forestales que no ocupa los titulares de prensa.
Nueve meses de prisión preventiva
Millaray Paillalef agregó que la madre del estudiante Huillican –que reside en Lonquimay y viajó a Lebu a verlo- no logró visitarlo. Para todos los familiares el traslado de los presos a Concepción representa un castigo adicional pues ellos viven en Cañete o Tirúa, a más de costosas cuatro horas de viaje. Todos permanecerán en prisión los nueve meses que decretó la jueza para la investigación.
“El defensor público, Egon Matus no puede
solicitar la libertad de ellos porque la carpeta de investigación
es secreta por un lapso de 40 días, lo que nos parece muy mal”,
agregó Millaray. Como en otras oportunidades, existen supuestos
testigos cuyas identidades son secretas y la defensa desconoce por
completo las pruebas que acreditarían las acusaciones de la
fiscalía.
“El allanamiento realizado para detener a José fue muy violento”, explicó Millaray, embarazada de siete meses, entrevistada telefónicamente por esta periodista. “Yo vivo en Cañete. Derribaron la puerta de mi casa, y me sacaron en ropa interior, sin presentar orden judicial, lo mismo hicieron en las comunidades.”
Interrogada acerca de qué se llevó la la policía, responde: “Libros, películas, cámaras fotográficas, celulares y otras cosas que incluso pertenecen a mi mamá y tienen que ver con su trabajo”.
Torturas
Ella agrega que dos de los presos requiere urgente atención
médica: Segundo Ñeguey tiene incrustados varios perdigones
en la rodilla, y Jonathan resultó con graves lesiones en el
oído medio como resultado de los golpes en la cabeza que le
dio la policía en Temuco luego de la detención. También
fue amenazado
con que le aplicarían corriente y tomarían represalia con
su familia si no cooperaba.
-¿Ha presentado la familia una denuncia por torturas?
“No, ellos aún no han podido verlo pues
viajaron desde Lonquimay a Lebu pero cuando llegaron, a
su hijo lo trasladaron a Concepción. Los gendarmes están
tratando de intimidar a los familiares y a los presos. A nosotros nos
dijeron que si hacíamos protesta afuera de la cárcel,
ellos dispararían a matar adentro.
-¿Cuál es la vinculación del estudiante con los comuneros detenidos?
“Aquí en el verano llegan muchos estudiantes,
esta es una zona turística, por el lago, y los jóvenes
hacen amistad muy pronto, vienen a ayudar en la cosecha”.
A Huenuche, Llanquileo y Huillican, y a otros ocho detenidos
Segundo Ñeguey, los hermanos Juan, Norberto y César Parra
Leiva, Luis Menares Chamilao, Juan Muñoz Huenuman, Alcides Pilquiman,
Richard Ñeguey y Javier Navarro, se les acusa de homicidio frustrado
en contra de un fiscal y dos carabineros, además de robo con
intimidación y asociación ilícita terrorista.
El gobernador Rodrigo Daroch presentó el requerimiento para
que se aplique la legislación antiterrorista que data de tiempos
de dictadura. El gobierno de Michelle Bachelet está aplicando
esta ley, criticada por los organismos internacionales de derechos
humanos, en el caso de Miguel Tapia Huenulaf, detenido en Santiago
el 13 de febrero de este año en un episodio denunciado ante
James Anaya, relator de Naciones Unidas como un montaje policial. También
se juzgó por ley antiterrorista a Jonathan Vega
y Fénix Delgado, estudiantes universitarios simpatizantes de
la causa mapuche en Temuco detenidos en octubre de 2008.
Tácticas de la Fiscalía Antimapuche
El caso de César Parra, de la comunidad Esteban Yebilao, del sector Puerto Choque - escenario de importantes recuperaciones de tierras del fundo La Puntilla usurpadas por las forestales Mininco y Volterra, y de escaramuzas con la policía que corresponden a intentos de desalojo - es ilustrativo de la táctica que está utilizando la fiscalía antimapuche. Ello consiste en buscar por todos los medios mantener en prisión “preventiva” a los dirigentes y activistas sociales mapuche, y cuando salen liberados por falta de pruebas, formular nuevas acusaciones.César Parra alcanzó a estar apenas unos días en libertad, pues desde el 17 de octubre de 2007 permanecía recluido en El Manzano acusado de atacar con una motosierra a carabineros, en junio de ese año. La propia Fiscalía Militar le dio la libertad condicional el 2 de abril. Parra había resultado herido en el supuesto ataque y en cambio el carabinero que lo acusaba, no pudo acreditar lesión alguna.
Persecución a la CAM
La policía pretendía también que
regresara a prisión Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora
Arauco Malleco, absuelto en Temuco en un juicio oral en mayo de 2008,
luego de pasar más de un año en prisión. Según
Richard Curinao, de la web Werken Kvrvf, http://werkenkvrvf.blogspot.
En marzo el tribunal oral de Angol dictó condenas
a cinco años de cárcel efectiva a Luis Millacheo
Ñanco, y a 4 años remitidos para Andrés Licán
Licán y Juan Licán Melinao, considerados por el tribunal
culpables de incendiar un camión forestal en Pidima, Ercilla.
Otros dos comuneros, Fernando y José Guillermo Millacheo, fueron
absueltos luego de pasar varios meses en prisión. Sin embargo
la táctica de la fiscalía no resuelve el denominado “conflicto
mapuche.” El 6 de abril de 2008, 18 comuneros de ese mismo
sector de Pidima, fueron formalizados por “usurpación”,
luego de participar en un intento de recuperación de tierras.
Puerta giratoria
La comunidad mapuche autónoma Temucuicui acaba
de denunciar una nueva faceta de esta táctica, una suerte de “puerta
giratoria” entre la fiscalía y los juzgados orales. Ellos
recusaron al juez Andrés Villagra, pidiendo se le inhabilite
en el juicio que el 28 de mayo próximo enfrentarán Jaime
Huenchullan Cayul y Julio Caihuan Nahuelpi. Sostienen los dirigentes
que Andrés Villagra fue fiscal adjunto de Collipulli entre los
años 2000 y 2002. En el ejercicio de esas funciones imputó a
varios integrantes de su comunidad en supuestos hechos en contra del
latifundista René Urban, de los cuales han sido absueltos posteriormente,
una y otra vez. Sostienen que además, como juez se ha pronunciado
directamente ante ellos considerando culpables a los comuneros antes
de realizarse los juicios respectivos y adelantando que se les condenaría “como
sea”.
Colaboradores de la policía
La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento
de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche
que apoyen las funciones represivas, una práctica que posiblemente
no tiene asidero legal. Pero el mismo día que los abogados intentaban
infructuosamente conocer los testigos y las pruebas montadas por la
fiscalía, en Santiago, El Mercurio informaba que el fiscal nacional
Sabas Chahuán “propuso una modificación a
la ley contra conductas terroristas, de manera de usar incluso agentes
encubiertos o informantes en esas causas.” Este ya es el caso
del informante y colaboarador Santos Jorquera, dueño del camping “Los
Castaños”, reconocido en la zona de Tirúa como
cómplice de la DINA y la CNI, donde fueron detenidos miembros
de las comunidades de Choque, Ranquilhue y Miquihue.
Su casa es actualmente el centro de operaciones de personal de Fuerzas
Especiales de Carabineros que lo usa también como centro de detención
e interrotgatorio cuando detiene a mapuche en caminos interiores y de
acceso a la comunidad de Choque.A los doce detenidos el 12 de abril
en Puerto Choque se les acusa precisamente de “agresión
a Santos Jorquera”.
Cacería de mapuches
El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad considera los hechos descritos en esta nota como una verdadera cacería de mapuches, y rechazó en un artículo distribuido en internet, las expresiones del ministro del Interior subrogante que se congratuló de ello públicamente. Expresa Roberto Avila en una carta pública:
“A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada
y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación
de
poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas
actualmente en trámite, el Ministro considera a los imputados
ya como
culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’.
El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no
son
personas sino un ‘cuarteto’, de ciudadanos queda poco o nada. ¿Qué
garantías procesales de un debido proceso tiene ese “cuarteto”,
si ya
el ministro del interior los condenó públicamente como
delincuentes?
El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa
de
resoluciones judiciales sino una verdadera cacería.”