Solidaridad con estudiantes juzgados por ley antiterrorista

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

La Asamblea de Estudiantes de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, el Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Católica y el Colegio de Antropólogos, junto a diversas organizaciones de derechos humanos de Temuco y del país, solidarizaron el jueves 6 de noviembre con Fénix Delgado Ahumada y Jonathan Vega Fajardo, alumnos de la Universidad Católica de Temuco a quienes se ha aplicado la ley antiterrorista para mantenerlos en prisión preventiva por ocho meses. Los jóvenes, detenidos el jueves 30 de octubre, fueron acusados de lanzar una bomba incendiaria contra carabineros.

El comunicado reafirma que los jóvenes son estudiantes, y denuncia la aplicación de torturas físicas y sicológicas a ellos, lo que constituye "un grave retroceso en la política de derechos humanos de la Presidenta Bachelet, retomando una política criminal y discriminatoria" que la mandataria había asegurado no aplicar nuevamente.
Asimismo denuncia que se trata de un montaje más, en el cual "frente a la opinión pública, Fénix y Jonathan aparecen como culpables, cuando el proceso investigativo recién comienza, yendo en contra de la presunción de inocencia".

En el juicio oral, por otra parte, según el sitio www.paismapuche.cl, se decretó que el menor identificado como R.H.I, también detenido, deberá regresar a la cárcel de menores de Chol Chol por un plazo máximo de 15 días. Luego se revisará la medida cautelar impuesta consistente en arresto domiciliario total por seis meses, que podría ser cambiada por arraigo nacional. El joven es alumno del Liceo Industrial, con promedio de notas sobre 6. Los universitarios fueron derivados a la cárcel de Temuco a cumplir ocho meses de prisión preventiva, con restricción de visitas y con la "petición especial" de la fiscalía de solicitar a gendarmería de Temuco si cuenta con condiciones de seguridad para mantenerlos en el penal de la ciudad. De lo contrario se evaluaría trasladarlos a una cárcel de mayor seguridad como la de Santiago. Como precedente a esta situación está el caso de Waikilaf Cadin que pasó cerca de un año en la CAS de la capital.

"País mapuche" informó que a la audiencia oral solo dejaron entrar a los padres. Los otros familiares, amigos y grupos de apoyo debieron esperar afuera del edificio de tribunales, con una fuerte custodia policial. Las penas que arriesgan Fénix y Jonathan van de los cinco años y un día a los 20 años y un día de presidio. En el caso del menor de 16 años, procedería la ley de responsabilidad penal juvenil, posterior a la antiterrorista, con lo que podría ser condenado desde tres años y un día a los cinco años y un día con el "beneficio" de libertad asistida.

A continuación el texto completo de la declaración citada anteriormente, que está firmada por Familiares y Amigos de los Estudiantes Procesados - Asamblea de Estudiantes de Antropología de la Universidad Católica - Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Católica - Observatorio Ciudadano - Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CINPRODH) - Comisión Ética contra la Tortura (CECT) - Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos (AFDD-EP)- Polo Izquierda de la Memoria - Agrupación de Ex Presos Políticos - Asamblea de Estudiantes Secundarios Populares - Centro de Estudios Simón Bolívar - Corporación de Defensa de Derechos del Pueblo (CODEPU) - Colegio de Antropólogos A.G.

"1.- Queremos reafirmar que los mencionados jóvenes son estudiantes del tercer año de la Carrera de Licenciatura en Antropología de la Universidad Católica de Temuco, y no corresponde afirmar, como lo han señalado directivos de la Universidad, que son ajenos a ella. Producto de la situación económica – como es la tónica habitual de los estudiantes en Chile-, no han podido matricularse, lo que es un tema sólo de orden administrativo ya que ellos asisten a diversos cursos según su desarrollo curricular actual, cumpliendo con las exigencias formales de éstos (asistencias, trabajos, pruebas, etc.)

2.- Condenamos enérgicamente la aplicación de la ley antiterrorista que ha permitido incomunicar y que ha derivado en la aplicación de torturas físicas y psicológicas. Además de los cinco días de prisión preventiva que debieron soportar, han restringido las garantías y los derechos fundamentales de las personas mencionadas.

Lo anterior constituye un grave retroceso en la política de los derechos humanos de la Presidenta Bachelet, retomando una política criminal y discriminatoria. El uso de la violencia policial del estado, no es el camino que permitirá construir una sociedad más justa, basada en la confianza.

Llamamos al Estado chileno a considerar las recomendaciones que hiciera en marzo del año pasado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que señaló que la ley antiterrorista chilena debe ser modificada pues tiene un marco de aplicación demasiado amplio. La aplicación de la Ley Antiterrorista no es congruente con las palabras de la propia presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, quien manifestara su intención de no aplicarla durante su mandato.

3.- Exigimos el respeto a los principios del debido proceso. Que no se violen los derechos de las personas, se sancione los procedimientos policiales contrarios a estos derechos, que se observen las actuaciones del Ministerio Público que vulneran el debido proceso. Fénix y Jonathan han sido torturados, maltratados física y sicológicamente.

4.- Finalmente, queremos llamar a los medios de comunicación a ser imparciales en la información, a considerar el punto de vista de las verdaderas víctimas que hablan a través de sus abogados y familias. Aquí los acusadores, fiscales y policías han hecho un verdadero montaje y creado un cerco mediático, haciendo creer que los jóvenes son terroristas. Han tergiversado y magnificado. Han forzado la idea de hacer creer y vincular a los chicos con otras situaciones ocurridas en el año, enmarcadas con la digna lucha del pueblo mapuche, que reclama justicia. Frente a la opinión pública, Fénix y Jonathan aparecen como culpables, cuando el proceso investigativo recién comienza, yendo en contra de la presunción de inocencia y eso es simplemente, INJUSTO."