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Domingo 22 de junio de 2008
En enero pasado, el anuncio de que el Gobier-no daría un giro a la política
indígena como resultado de una evaluación de lo hecho en los últimos
15 años llevó a pensar que se formularían propuestas novedosas
que serían ampliamente debatidas. El comisionado presidencial para Asuntos
Indígenas presentó una serie de ideas que la Presidenta Bachelet
anunció en abril, en solemne ceremonia: una nueva subsecretaría,
una comisión de ministros, un distrito parlamentario no territorial para
la representación indígena en el Congreso, constituían algunas
de las proposiciones, las que por cierto iban a someterse a mayores análisis,
según lo hicieron ver algunos ministros.
Pero antes de que algo de eso se hiciera realidad, el Gobierno aparentemente
dio otro giro y resolvió la compra de tierras para entregarlas a algunas
comunidades mapuches. Esta vez, lo novedoso es que se comprarían precisamente
los predios que han sido objeto de atentados armados e incendiarios, presumiblemente
para ser entregados a quienes han sido sus atacantes. Hasta ahora, los gobiernos
de la Concertación habían asegurado que la controvertida política
de comprar tierras no se extendería a los campos en que hubiera imperado
el hostigamiento a sus dueños, por la obvia razón de que eso premiaría
la acción delictiva y violenta de algunos grupos, y estimularía
a otros a seguir sus pasos.
No obstante, el nuevo director de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (Conadi), Álvaro Marifil, confirmó las negociaciones
con los dueños de los terrenos que más ataques han recibido. Asimismo,
se ha reiterado la voluntad del Gobierno de intensificar las compras, cuadruplicando
el presupuesto destinado a ello, que llegaría ahora a unos 160 millones
de dólares anuales. Con esto se alcanzaría la cifra de 100 mil
hectáreas adquiridas por el Estado desde la creación de Conadi
para ser transferidas a comunidades mapuches, con prohibición de vender.
En algunos casos, según se ha denunciado, esas tierras habrían
sido arrendadas a otros agricultores, pero no ha habido una verdadera evaluación
de esta política ni una investigación exhaustiva de estas denuncias.
Pese al interés oficial por abordar el problema de algunos grupos indígenas
y a los anuncios de nuevos enfoques, todo parece indicar que se continuará sin
evaluar la política seguida hasta ahora y que, posiblemente, se hará en
forma a todas luces inconveniente para la sociedad chilena. Si se concreta la
idea de comprar los predios, las propias comunidades indígenas verán
aumentar las tensiones provocadas por agitadores que presionan para que todas
las comunidades amenacen con la violencia. Creado este incentivo por la propia
autoridad, no cabría descartar que incluso algún propietario llegara
a simular atentados para asegurarse una pronta venta. Sin duda sería ésa
una política equivocada, que no atenuaría los conflictos, sino,
con toda probabilidad, los exacerbaría.
Hasta ahora, sólo se conoce lo informado por el nuevo director de Conadi,
quien asumió hace pocos días, y cabe esperar que el Gobierno explique
con prontitud qué metas se pretende alcanzar con esta nueva modalidad.