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Domingo 15 de junio de 2008
Satisfechas quedaron las autoridades chilenas con el anuncio hecho por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el pasado 21 de mayo. Tras largos años
de espera, el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, anunciaba
que Chile obtendría el anhelado cupo para entrar al Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.
Así, el próximo jueves, al igual que Argentina y Brasil -éste último
reelecto- Chile comenzará un período de tres años como
miembro de dicha instancia. Pero hubo un hecho que pareció no pesar
en la designación de Chile para el Consejo, y que hoy podría
empañar su imagen precisamente ante esa comunidad.
El 24 de agosto de 2007, el representante chileno en la ONU, Juan Antonio Martabit,
recibió una carta firmada por el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial, en la que se le pedía al Estado
chileno revisar y buscar una solución a los más de 16 vertederos
que se encuentran en tierras mapuches, y que representan más del 70%
del total en la zona. Además, el organismo conminó al país
a entregar informes sobre discriminación de minorías étnicas
en Chile, los que no ha enviado desde el año 2000.
Pero hubo oídos sordos. El 7 de marzo pasado el Comité volvió a
reiterar su petición y advirtió que si Chile no entrega una respuesta
antes del 30 de junio próximo pondrá el tema en tabla en la próxima
reunión del organismo de la ONU, que se realizará entre el 28
de julio y el 16 de agosto.
El tema de los vertederos en territorio mapuche se arrastra desde los años
90, pero las denuncias al respecto comenzaron cuando en agosto de 2000 el menor
Aquiles Epul murió -según miembros de la comunidad de Boyeco,
aledaña a Temuco- producto de la basura acumulada en torno a la población
donde vivía, aunque el parte médico consignó que el deceso
se debió a la "bacteria asesina".