Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
Buenos Aires, 27 de mayo de 2004.
Informe: Darío Aranda
Mapuches denunciados por Benetton fueron absueltos por la Justicia
Un matrimonio fue llevado a juicio oral por ocupar las tierras que pertenecieron a sus antepasados, en Leleque, Chubut. La multinacional los acusó por usurpación, pero ayer fueron absueltos. El juez debe decidir ahora a quién pertenecen 500 hectáreas.


Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir afrontaron un juicio oral por usurpación.
La multinacional Benetton tiene en el sur argentino 900.000 hectáreas y 250.000 ovejas, casi cuatro hectáreas para cada animal. Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir son un matrimonio mapuche que en agosto de 2002 volvió a la tierra donde se crió y donde están sus ancestros –en el paraje Leleque, a 90 kilómetros de Esquel–, hoy en manos del grupo empresario. Un mes después fueron desalojados y ayer sometidos a juicio oral y público por usurpación. Las comunidades mapuches se movilizaron hasta el lugar del juicio, denunciaron la “persecución judicial” ante cada reclamo por sus derechos y destacaron que la Constitución Nacional y los convenios internacionales amparan su pedidos. La compañía asegura que tiene un título de propiedad de 1886, época de la Campaña del Desierto encabezada por Julio Argentino Roca. A última hora de ayer, el juez dictó el sobreseimiento penal del matrimonio, pero aún resta la definición sobre el futuro de las 500 hectáreas que reclaman los mapuches. En caso de que el dictamen les sea favorable, sería la primera vez que la Justicia falla a favor de los aborígenes en un litigio por tierras.

El 23 de agosto de 2002, Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir decidieron partir de un barrio humilde de Esquel a la tierra donde habían crecido. Se instalaron junto a sus hijos y nietos en el predio Santa Rosa del paraje Leleque. Respetando la “Justicia blanca”, consultaron al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento, que les confirmó que el predio era fiscal. En un paisaje rodeado de cerros comenzaron a construir su casa, trasladar sus pocos animales y trabajar la tierra. En un mes hicieron uso efectivo de 25 hectáreas, hasta que el 2 de octubre a la mañana fueron desalojados violentamente por la policía de El Maitén.

El juicio oral donde se ventila el caso comenzó ayer a las 8.30 y no se realizó en el juzgado de Esquel, sino en el casino de suboficiales de la policía de esa ciudad. El argumento oficial fue la “mayor capacidad del lugar”. Hasta ahí llegaron ayer 200 mapuches de diversas comunidades de la región y organizaciones sociales, en apoyo a los pobladores originarios. Una vez dentro del lugar, el responsable de seguridad ordenó que los efectivos rodeen a los aborígenes “por las dudas”, señaló. El referente de la Organización de Comunidades Mapuche Tehuelche 11 de Octubre, Mauro Millán, le respondió que no les molestaba el cerco policial pero le remarcó que “quienes siempre utilizan la violencia son ustedes, el Estado y los terratenientes”.

A las 14 pasaron a un cuarto intermedio y a las 18 comenzaron los alegatos. Entonces, el fiscal pidió la falta de mérito para Atilio, en la causa penal por usurpación, y el juez Jorge Eyo dictó el sobreseimiento, pero aún no decidió sobre el destino final de la tierra.

Se trata de un conflicto entre los pobladores nativos y las empresas privadas, donde los aborígenes se amparan en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional que señala el derecho de los pobladores originarios a la tierra, y el Convenio 169 de la OIT. Las compañías, por su parte, suelen exhibir los títulos de compra.

“El sobreseimiento es un paso, ahora esperamos el fallo sobre la tierra. Si es favorable, será un paso muy importante, un precedente histórico en la causa por el robo de tierras que sufrimos en manos de privados. ¿Si podemos ganar? Creemos que sí, por lo menos a la gente de la Sociedad Rural la vemos preocupada, así que tenemos esperanza”, afirmó Millán a Página/12. Aunque no descartó un veredicto adverso: “Esto es un camino largo. Nos llevó diez años lograr la destitución de un juez racista y parcial contra los aborígenes (ver aparte), así que no dramatizaremos un paso atrás en esta lucha”.

El síndico de la Compañía de Tierras Sud Argentino –la sociedad anónima que reclama la tierra y pertenece a familia Benetton–, Alberto Mazzuchelli, reconoció a este diario que “ni Atilio ni Rosa tuvieron mala fe cuando se asentaron en nuestra tierra, pero nosotros tenemos los títulos de propiedad desde 1886 y hacemos valer eso”. También remarcó que el “problema de tierras debiera resolverlo el Estado, que tiene una gran cantidad de tierras fiscales para ofrecer. Nosotros sólo somos una empresa privada que da trabajo, que invierte en el país”. El síndico advirtió que por el juicio, “desde Italia –donde está la casa central de la multinacional– están trabadas todas las inversiones que se iban a hacer” y subrayó que “damos trabajo a 600 personas, todos argentinos”, incluido Ronald Mac Donald, el administrador general de sus estancias.

Carlo Benetton, uno de los hermanos dueños de la multinacional, suele visitar sus estancias del sur argentino al menos cuatro veces al año y una de sus frases más comunes es “la Patagonia me da una maravillosa sensación de libertad”. Tiene, junto a su hermano, 900.000 hectáreas distribuidas en Santa Cruz, Chubut y Río Negro.

En el comunicado de la empresa emitido el martes se resalta que “en todo momento la compañía ha dado muestras de buena voluntad para contribuir a la solución del reclamo, iniciando un diálogo con la familia y poniéndose a disposición de la Justicia”. Pero desde la Organización 11 de Octubre aseguraron que “el Pueblo Mapuche resolvió que la única forma de buscar un espacio de diálogo es que esta compañía comience a devolver las tierras que tiene usurpadas. No existe otro camino que la devolución de lo que nos pertenece”.
 


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