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Archivo 1997-2009

1999-11-14 | Documentos de Trabajo | Mapuche

WALLMAPUCHE

INFORME ANUAL DE DERECHOS HUMANOS 1999: 1(2)

En abril del año 1997, aduciéndose como causas una serie de "desordenes administrativos" al interior de la Corporación el propio Presidente Eduardo Frei pidió la renuncia de su primer director, el dirigente mapuche Mauricio Huenchulaf Cayuqueo. No obstante las causas argumentadas por el Ejecutivo, gran parte del pueblo mapuche estimó que su remoción obedecía a la intención del gobierno de eliminar los obstáculos políticos que impedirían dentro del Consejo Nacional de la Corporación la ejecución del Proyecto Ralco en la zona cordillerana de la VIII región y que significaría la construcción de seis centrales hidroeléctricas en la cuenca superior del río Bío-Bío y el desalojo de más de 500 familias mapuche-pehuenches de sus tierras ancestrales.


Este Informe fue elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco.
La reproducción y distribución de la información está permitida siempre y cuando se cite la fuente.

COORDINADORA MAPUCHE ARAUCO-MALLECO
Oficina de Derechos Humanos:
Población Carol Ursua, Calle Ramón Freire Nº194, Cañete, VIII Región, CHILE.
Fono: 56-41-619830 Fax: 56-2-2393196
E-mail: coordina@latinmail.com

Introducción

Wallmapuche: historia de un siglo de despojo

Iniciativas del Gobierno en materia de derechos indígenas

1999: crónica de un conflicto anunciado

- OSEPAR: Antecedentes de una guerra sucia

SITUACION DE DD-HH EN LAS ZONAS DE CONFLICTO

Introducción

Régimen jurídico aplicado al conflicto mapuche

- Ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado
- Ministros Especiales en Territorio Mapuche

- Justicia Militar en contra de Civiles Mapuches

Detenciones arbitrarias y tortura de campesinos mapuches
- Testimonio de las víctimas
- Métodos de tortura

Normas nacionales e internacionales aplicables

1948: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales

en dignidad y en derechos".
Declaración Universal de los Derechos Humanos,

Artículo 1.

1976: "Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e

inalienable a la autodeterminación. Define su

estatus político en toda libertad, sin ninguna

injerencia extranjera exterior".
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
de Argel.

1976: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre-

determinación. En virtud de este derecho esta-

blecen libremente su condición política y
proveen asimismo a su desarrollo económico,

social y cultural".
Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos

de la ONU, Artículo 1.

1994: "Los pueblos indígenas tienen derecho a la

libre determinación. En virtud de ese derecho

determinan libremente su condición política y

persiguen libremente su desarrollo económico,

social y cultural".
Proyecto de Declaración Universal de Derechos de los

Pueblos Indígenas de la ONU, Artículo 3.

1997: "Los pueblos indígenas tienen derecho a

determinar libremente su status político y

promover libremente su desarrollo económico,

social, espiritual y cultural".

Declaración Interamericana de Derechos de los Pueblos

Indígenas de la OEA, Artículo 15.

Introducción

Cuando el año 1990 tomó posesión del poder en Chile un nuevo gobierno civil, renació para los mapuches no sólo la esperanza de que se pusiera fin a las graves violaciones de derechos humanos de las que habíamos sido víctimas durante la dictadura de Pinochet, sino también la esperanza de que el nuevo régimen democrático trajera consigo un cuadro de garantías, de derechos y de libertades políticas más favorable para las reivindicaciones históricas de nuestro pueblo. En un comienzo, todo parecía indicar hacia esa dirección. El año 1989, el entonces candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia Patricio Aylwin Azocar, se comprometió formalmente con los dirigentes mapuches en la ciudad de Nueva Imperial a legislar durante su gobierno en favor del desarrollo y la libertad de los pueblos indígenas y a establecer nuevas formas de relación entre ellos y el Estado chileno. El mismo compromiso estipulaba -entre otras cosas- que el nuevo gobierno reconocería mediante un proyecto de reforma constitucional a los mapuches y demás pueblos indígenas como sujetos específicos al interior el país; esto es, como entidades jurídico-políticas que existen como tales al interior del Estado y a las cuales les corresponden no sólo los derechos de los ciudadanos, sino que también los derechos de los pueblos que se encuentran consignados en diversos instrumentos jurídicos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, y los Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sin embargo, una vez en la Presidencia de la República, el nuevo gobierno se negó a modificar el texto constitucional ante las presiones ejercidas por sectores empresariales y militares que se resistían a reconocerles derechos políticos y territoriales a los pueblos indígenas. Es así como finalmente el gobierno promulgó en noviembre del año 1993 una ley en donde se define al pueblo mapuche como una "etnia" con ciertos derechos menores, pero sin la posibilidad de escoger libre y soberanamente su destino. Nos referimos la Ley Indígena Nº 19.253. Hoy, cuando ha transcurrido ya casi una década y dicha coalición de partidos se apresta a iniciar un tercer mandato presidencial, nada se ha avanzado en ninguno de estos compromisos. Pero lo que es aún más preocupante, se ha producido un resurgimiento de las violaciones de derechos humanos en contra de los mapuches por parte del Estado chileno y de guardias armados que defienden los intereses de las empresas transnacionales forestales que operan en nuestro territorio.

En los últimos meses, son numerosas las organizaciones y comunidades mapuches que hemos sufrido las consecuencias de la represión gubernamental, porque se nos considera oponentes al gobierno y una amenaza para la seguridad interior del Estado. Dirigentes de comunidades que mantienen disputas territoriales con empresas forestales y de organizaciones que reclaman por la autonomía política de nuestro pueblo han sido particularmente perseguidos y encarcelados. La mayoría de ellos están siendo juzgados por tribunales militares y acusados de delitos violentos mediante montajes incriminatorios, pruebas fraudulentas, testigos sin rostro o confesiones obtenidas por medio de la tortura u otras formas de malos tratos. Tal como en los peores años de la dictadura de Augusto Pinochet, en el país se ha configurado una mortal alianza entre el capital transnacional, la policía y el Estado para implementar la guerra sucia en contra de nuestro pueblo. Todos los últimos acontecimientos que son documentados en el presente Informe se inscriben en esta lógica de guerra, la misma que durante la dictadura militar significó el asesinato y posterior desaparición de cientos de dirigentes campesinos mapuches, la desintegración del tejido social de nuestro pueblo y la instauración del miedo en la conciencia colectiva como elemento desmovilizador.

La creciente incidencia de las denuncias de violaciones de derechos humanos (amenazas, persecución política, detenciones arbitrarias, torturas, militarización de territorios, etc.) cuestiona el compromiso por el respeto de los derechos humanos y la democracia que los dos últimos gobiernos civiles chilenos manifiestan orgullosos ante diferentes foros y organismos internacionales, y exige que la comunidad internacional tome medidas urgentes y decididas para proteger los derechos fundamentales de nuestro pueblo y evitar que dentro del territorio mapuche se repita el cuadro de graves violaciones de derechos humanos que existió durante la dictadura militar del general Pinochet.

Hoy en Chile no es posible bajo la actual legalidad e institucionalidad obtener avances sustantivos tanto de parte del gobierno como de los tribunales de justicia en la solución de nuestros conflictos, por cuanto ambos adolecen de la imparcialidad requerida en estos casos, cediendo por lo general ante las presiones que contra ellos ejercen los grupos económicos que controlan el país. En los hechos, son diversos los personeros de gobierno, parlamentarios y/o autoridades regionales que mantienen estrechos vínculos -ya sea de parentesco o comerciales- con las empresas transnacionales que hacen hoy de nuestros recursos naturales la fuente de sus negocios y privilegios.

Hacemos por tanto un llamado urgente y solicitamos a todos los ciudadanos demócratas del mundo a impulsar una campaña de denuncia en conjunto, a objeto de presionar al gobierno chileno a que adopte una actitud resuelta en la defensa de los derechos humanos y políticos de nuestra nación, privilegiando a su vez las soluciones políticas y no las represivas en torno a nuestras justas reivindicaciones territoriales.

La Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco (CMAM) pide también a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que se realice un seguimiento de todas las denuncias presentadas en este Informe y que se verifique en terreno la actitud represiva asumida por el Estado chileno para enfrentar un conflicto étnico que podría acarrear insospechadas consecuencias tanto para la estabilidad política interna del Estado chileno como para la existencia y proyección futura de nuestra Nación Mapuche.

Desde Territorio Mapuche

Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco

TRASFONDO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Introducción

En diciembre del año 1989, después de casi 20 años de gobierno militar, fue elegido en Chile un gobierno civil públicamente comprometido con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Con el triunfo de la oposición política al régimen de Pinochet en el plebiscito del año 1988 y el posterior triunfo de la Concertación Democrática en las elecciones presidenciales desarrolladas al año siguiente, nuestro país pasa a vivir un proceso de transición democrática y un nuevo momento histórico-político de reapertura de anhelados horizontes sociales.

Para el pueblo mapuche, la llegada a la Presidencia de la República de Patricio Aylwin Azocar hizo nacer nuevas esperanzas de que se pusiera fin a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura en su territorio y de que el nuevo gobierno diera cauce político a sus legítimas demandas socioeconómicas y territoriales. Sin embargo, las esperanzas no se hicieron realidad. En los hechos, el retorno de la "democracia" no significó un cambio mayor en la orientación de las políticas que sucesivas administraciones venían aplicando al conjunto del pueblo mapuche. Políticas basadas en un indisimulado integracionismo cultural y en la negación de los derechos fundamentales que como a toda colectividad humana a los mapuches les corresponden. Prueba de ello fue la promulgación de la Ley Indígena Nº 19.253 en octubre del año 1993. Dicho cuerpo legal, llamado a constituirse según el gobierno en "el mayor logro jurídico de las organizaciones indígenas del país", terminó transformándose a su salida del Parlamento en un instrumento incapaz de resolver los conflictos territoriales y otros problemas que aquejan a las comunidades mapuches, aunque muy óptimo para el gobierno a la hora de implementar sus políticas de "divide y vencerás" en la esfera indígena. Independiente de lo que señalen sus defensores, es un hecho que la "política indígena" implementada por la Concertación sólo viene a ser la continuidad del proceso de dominación político-social que sufren los mapuches por parte del Estado chileno desde la invasión militar de su territorio a fines del siglo pasado. Proceso que, demás esta decir, adquirió ribetes dramáticos durante el gobierno autoritario del general Pinochet.

Pero el carácter "continuista" del gobierno de Patricio Aylwin en relación con el gobierno militar no sólo se expresó en el ámbito político de la dominación: a partir de la década de los noventa, la difícil situación de pobreza y marginación social de las comunidades mapuches adquiere ribetes de espanto producto del compromiso ideológico que el nuevo mandatario asume con el modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura a sangre y fuego a principios de los ochenta. La mantención de este modelo de desarrollo capitalista, que privilegia ampliamente a los grupos económicos nacionales e internacionales en detrimento de las clases desposeídas que quedan a merced de la superexplotación de las leyes del mercado, ha seguido fomentando la inversión de capitales transnacionales en los territorios mapuches, ricos en materias primas, recursos naturales y zonas para la explotación turística. Tal es el caso de las empresas transnacionales forestales Mininco S.A. y Bosques Arauco, que han definido estratégicamente el territorio de las comunidades mapuches de Arauco y Malleco como campo de acción para sus millonarias inversiones durante los próximos veinte años. En la práctica, esta arremetida del rubro forestal ha traído como consecuencia graves problemas sociales, económicos y culturales para las comunidades que cohabitan con las gigantescas plantaciones de dichas empresas, esto producto principalmente de la agresiva política de expansión implementada por las forestales en las áreas donde operan y que sólo en los últimos 20 años ha significado la pérdida por parte de las comunidades de más de 200 mil hectáreas de sus territorios ancestrales.

Ricardo Carrere, en el libro-denuncia "La Tragedia del Bosque Chileno" se refiere a los grandes perjudicados por el desarrollo forestal, entre quienes destaca a los pequeños campesinos mapuches. "La actividad forestal -dice- lejos de generar más empleo, ha sido la causa directa de la expulsión de campesinos y asalariados del campo... En una primera instancia, los campesinos emigran hacia zonas rurales aledañas, para trasladarse después a zonas urbanas, proceso que va acompañado de un incremento en los índices de alcoholismo y prostitución". Pero los problemas que acarrea la presencia de dichas empresas en el Wallmapuche no están referidos solamente a la usurpación de las tierras y a la emigración de sus poblaciones, sino que también al grave deterioro que sufre el medio ambiente en aquellas zonas que concentran altos niveles de actividad forestal.

A juicio del antropólogo Raúl Molina, los efectos medioambientales causados por la expansión forestal son múltiples y han impactado fuertemente a las comunidades mapuches que han quedado rodeadas o cercanas a las plantaciones. Así lo señala en un estudio realizado por el Colegio de Antropólogos de Chile A.G., en mayo del año 1999, referido al conflicto entre comunidades y empresas forestales. "En primer lugar -señala Molina- las forestales en los fundos adquiridos proceden a eliminar los escasos bosques remanentes de bosque nativo. En muchos casos se tala incluso bosque de protección de cuencas y caudales de agua, lo que, sumado a las demandas de agua de las plantaciones, deseca las vertientes y altera los flujos hídricos, disminuyendo la posibilidad de aguas locales y afecta directamente la agricultura de las comunidades, así como la disponibilidad de agua para bebida humana y animal... En segundo lugar, la plantación de monocultivo de pino insigne ha provocado un empobrecimiento en la biodiversidad y disponibilidad de alimentos a las familias mapuches. Además, la tala indiscriminada de la vegetación nativa ha significado la eliminación de parte de la fauna local producto del envenenamiento de las áreas de plantaciones... Por su parte, el uso indiscriminado de pesticidas lanzados por avión para el control de plagas y malezas ha causado estragos en la agricultura mapuche y en la salud de los miembros de las comunidades".

Todos estos antecedentes permiten afirmar que el tipo de desarrollo económico neoliberal implementado en el país y que se dio en el marco de un régimen dictatorial que brindó todo su apoyo a los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, ha generado para el pueblo mapuche en los últimos 25 años fuente inagotable de miseria, despojo y explotación. La mantención de este modelo por los gobiernos civiles de la Concertación significa un atentado contra los derechos fundamentales de la nación mapuche, poniendo en grave peligro tanto la supervivencia de su población como su proyección futura en tanto colectividad cultural, social, económica y política.

Es precisamente este el trasfondo del conflicto étnico que se vive hoy en el sur de Chile y que surgió a fines del año 1997 cuando un grupo de comunidades miembros de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco dieron inicio a un período de fuertes movilizaciones para frenar la expansión forestal sobre sus territorios y exigir al Estado chileno el reconocimiento y respeto de los derechos territoriales y políticos del conjunto del pueblo mapuche. Huelga decir que ante este y otros movimientos reivindicativos, los sucesivos gobiernos de la Concertación han asumido desde el comienzo una política represiva, la cual ha girado, por un lado, en torno al derecho de los empresarios a la "propiedad privada" y, por otro, al equivocado concepto de la "unidad nacional" heredado por los gobiernos civiles de la Doctrina de la Seguridad Nacional del régimen militar.

Wallmapuche; Historia de un siglo de despojo

El Estado chileno, desde sus orígenes en el año 1818, se caracterizó por un marcado acento capitalista en lo económico y expansionista en lo territorial. Ambas características, por supuesto, estaban íntimamente ligadas. Desde mediados del siglo XIX, Chile fue incorporando territorios extranjeros mediante el uso de la fuerza militar para poder satisfacer los requerimientos de materias primas provenientes del naciente capitalismo europeo. Tanto la Guerra del Pacífico en el norte del país el año 1879, como la ocupación militar del Wallmapuche el año 1883, se enmarcan dentro de este proceso de desarrollo económico y expansión político-territorial.

A partir del año 1866, aduciendo razones geopolíticas y económicas, el Estado chileno inicia su intervención en el territorio habitado por los mapuches. Para ello, los gobiernos de la época combinaron diversas estrategias, tales como la dictación de leyes de propiedad sobre las tierras mapuches, el avance hacia el interior de las líneas de defensa militar y el asentamiento de colonos chilenos y extranjeros sobre el territorio ocupado. Hacia el año 1881, el pueblo mapuche contaba con un territorio independiente que alcanzaba a 10 millones de hectáreas. Al darse por concluida la ocupación militar chilena de la Araucanía el 1 de enero de 1883, los mapuches se vieron violentamente despojados del 90% de su territorio. Las tierras que luego se les entregó mediante "Títulos de Merced" fueron conocidas como "reducciones" y sus mecanismos de adquisición fueron establecidos en sucesivas leyes de colonización e implementados por una Comisión Radicadora de Indígenas. Este proceso de ocupación, despoblamiento y colonización del Wallmapuche se inició el año 1883 y al finalizar, el año 1929, el Estado chileno había entregado un total de 3.078 títulos de merced a los mapuches que sobrevivieron a la guerra de ocupación. Estos títulos equivalían a un total aproximado de 475.194 hectáreas que favorecían a una población de 77.751 mapuches.

El año 1927 y a partir de la Ley Nº 4.169 comienzan a operar una serie de leyes y ordenanzas que buscarán la división de las tierras comunitarias y la eliminación de los títulos de merced. Debido a esto, muchas "comunidades mapuches" dividieron sus tierras entre las familias que las componían y jurídicamente, aunque no en la práctica, se disolvieron. Entre los años 1927 y 1970, 160 comunidades desaparecieron y sus tierras, a través de compras fraudulentas o mediante el uso de la violencia, pasaron a manos de particulares chilenos y grandes terratenientes, debiendo sus ocupantes originales emigrar de nuestro territorio hacia otras zonas del país. Otras 2.134 comunidades se mantuvieron bajo el régimen de propiedad común de las tierras de los títulos de merced y alrededor de 800 se dividieron en hijuelas. No será sino hasta la llegada del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) que el Estado chileno reconocerá la existencia de "tierras usurpadas" al pueblo mapuche.

El gobierno de Salvador Allende fue la primera oportunidad real que tuvieron los mapuches para solucionar la difícil situación de marginación política, social y territorial que les afectaba desde la pérdida de su independencia. La gran sensibilidad social que caracterizaba al nuevo mandatario permitiría avances importantes al respecto. Es así como en marzo del año 1971, el gobierno presentó un proyecto de ley indígena al Parlamento que recogía muchas de las aspiraciones que le fueron presentadas por el propio movimiento mapuche en múltiples reuniones y congresos. Dicha ley, Nº 17.729, fue promulgada finalmente el 5 de septiembre del año 1972 y entre sus principales aportes se encontraba el reconocimiento de la existencia de "tierras usurpadas" y el establecimiento de los mecanismos mediante los cuales se procedería a su restitución. Estos mecanismos eran básicamente dos: la expropiación vía Corporación de Reforma Agraria y la adquisición vía Instituto de Desarrollo Indígena (IDI). Esta nueva ley indígena alcanzó a funcionar un año y permitió la restitución de 50 mil hectáreas de las 150.000 que el Estado reconocía como usurpadas a las comunidades desde el año 1927. Luego, a partir del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende y el inicio de la dictadura militar, se dio inicio en el país a un proceso de "contra-reforma agraria" y la mayoría de las tierras entregadas al pueblo mapuche fueron devueltas a sus antiguos propietarios o sacadas a remate público. Del total de 50.000 hectáreas restituidas por la Unidad Popular, se calcula que sólo 20.000 quedaron definitivamente en manos de las comunidades.

Bajo el régimen militar, tanto el conjunto del pueblo chileno como las comunidades y organizaciones que integraban el movimiento mapuche formado a fines de la década de los sesenta fueron violentamente reprimidos. En lo referente a las tierras mapuches, el gobierno declaró una parte de ellas como "propiedad fiscal" y a través de rápidos juicios embargó y remató otra parte por deudas a contribuciones y Bienes Raíces. El instrumento principal usado por las autoridades para tender un manto de olvido sobre las "tierras usurpadas" y favorecer la adquisición de éstas por parte de latifundistas y empresarios fue la promulgación del Decreto Ley Nº 2.568 del 22 de mayo de 1979 "sobre división de las reservas indígenas". Sin embargo, la promulgación de dicho decreto perseguía un interés mucho mayor que el de eliminar por decreto a los territorios indígenas y sus ocupantes.

A partir del año 1974, el régimen de Pinochet inicia en el país la instauración de una nueva estrategia de desarrollo capitalista, caracterizada por la apertura del mercado chileno al capital de empresas y grupos transnacionales. Dicha estrategia trajo como principal consecuencia para el pueblo mapuche el inicio de un proceso continuo y acelerado de reestructuración económica y espacial dentro de su territorio histórico. Por exigencias de la liberalización económica, las regiones VIII y IX, que comprenden casi la totalidad del Wallmapuche, pasaron de ser zonas exclusivamente agrícolas y ganaderas a zonas de explotación eminentemente forestal. Es así como a partir del año 1975 el Estado empieza la venta de la totalidad de sus plantas de fabricación de celulosa a empresas extranjeras que más tarde jugarían un papel protagónico en el acaparamiento de las tierras mapuches para la explotación forestal. Igual de importante sería el papel que desempeñaría en este proceso la promulgación de otro decreto, el Decreto Ley Nº 701, mediante el cual el Estado se comprometía a subsidiar con el 75% de los costos de plantación el establecimiento de bosques sobre áreas "descubiertas y erosionadas". Si bien la promulgación de este decreto buscaba paliar los efectos negativos que causaría la reestructuración económica sobre los pequeños y medianos agricultores del sur del país, en los hechos fue utilizado por un grupo de empresas forestales "amigas" para apoderarse de miles de hectáreas de tierras en forma casi gratuita.

Pero el carácter expansionista del rubro forestal hizo que el gobierno militar llegara con sus medidas aún más lejos. Hacia el año 1978, el régimen militar requería "regularizar" la propiedad de las tierras de los pequeños propietarios y de las comunidades mapuches para permitir el avance de las empresas forestales. De inmediato, el Banco Mundial apoyó al gobierno de Pinochet con un ambicioso y millonario plan de "regularización de la propiedad", que significó en una primera etapa la salida del campo de miles de familias campesinas chilenas. En su segunda etapa, el INDAP tendría la misión de "regularizar" las tierras en manos de las comunidades para ponerlas a entera disposición del mercado forestal. La promulgación del DL. Nº 2.568 el año 1979 se enmarcaba en dicho proceso de expansión forestal que se iniciaba y su idea de entregar títulos individuales a cada familia mapuche sólo buscaba como meta permitir que ellos vendieran sus tierras a las recién instaladas empresas transnacionales.

Hacia el año 1986, el Estado había vuelto a dividir un total aproximado de 1.700 comunidades. El INDAP había avanzado hasta el año 1985 en la división a un promedio de 295 comunidades por año, quedándole hacía el año 1986 sólo 282 comunidades por dividir. Cada parcela de tierra resultante de la división era debidamente inscrita y aunque su venta estuvo prohibida en el papel por un plazo de 10 años, existían argucias legales que posibilitaban su enajenación, tales como la compra bajo la figura fraudulenta del "arrendamiento por 99 años". Todas estas medidas, tomadas en función de los intereses del modelo económico neoliberal aceleraron el empobrecimiento y la emigración forzada de la población mapuche hacia áreas urbanas de la zona central del país. Diversos estudios, entre ellos un revelador informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revelan la magnitud de los efectos negativos que la implementación del nuevo modelo trajo como consecuencia para el pueblo mapuche.

Con el triunfo de la oposición política al régimen de Pinochet el año 1988 y el retorno de los gobiernos civiles al país el año 1990, un nuevo escenario histórico-político comienza a vivir tanto el pueblo chileno como el pueblo mapuche y sus reivindicaciones territoriales. Una de las primeras medidas del nuevo mandatario concerniente a las demandas del pueblo mapuche fue la promulgación de una nueva "Ley Indígena" el 28 de septiembre de 1993. Dicho cuerpo legal contenía algunas novedades a nivel del reconocimiento de los derechos sociales y culturales de los mapuches, pero resultó ser claramente ineficiente a la hora de resolver la dramática situación territorial que afecta a gran parte de las comunidades. El derecho de los pueblos a habitar un determinado territorio es una derecho inalienable reconocido en diferentes tratados y convenios internacionales de derechos humanos, sin embargo, éste no es respetado por la actual legislación indigenista chilena que sólo reconoce como "tierras indígenas" a las escasas y pequeñas parcelas en que ha quedado reducido el Wallmapuche luego de 120 años de sistemática aplicación de políticas tendientes a recortarlo y dividirlo.

Con respecto a la restitución de las "tierras usurpadas", si bien la nueva ley no reconoce su existencia, si establece algunos mecanismos para ampliar los dominios territoriales de las comunidades. El principal mecanismo es el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas dependiente de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), cuyos objetivos principales son "otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas y comunidades indígenas" y "financiar los mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras", en especial en aquellas relativas a tierras indígenas en que existan antecedentes de provenir de los títulos de merced u otras concesiones hechas por el Estado a lo largo de su historia. En la práctica, tanto la operación de la CONADI como la de este Fondo se han caracterizado por una extrema burocracia e ineficiencia a la hora de solucionar los conflictos territoriales mapuches. A lo bajo del presupuesto asignado por el Estado a la Corporación para cumplir sus funciones, se suma su incapacidad técnica y política para poder expropiar los predios en disputa y restiruirlos legalmente a las comunidades, aun cuando una gran mayoría de ellos fueron adquiridos por empresas forestales y particulares en un momento politico-institucional completamente irregular como lo fue la dictadura militar. Por el contrario, el mecanismo que contempla el Fondo para dotar de tierras a las comunidades es la "compra" de éstas a los usurpadores, claro que siempre y cuando ellos quieran venderlas y el Fondo cuente con los recursos necesarios para pagar los altos precios normalmente exigidos. Sin duda, esta burocrática y poco eficiente estrategia de resolución de conflictos difícilmente se podría calificar como un aporte al reconocimiento de los derechos ancestrales del pueblo mapuche.

Desde la entrada en operación de este Fondo de Tierras y Aguas Indígenas el año 1994, cerca de 30 mil hectáreas han sido adquiridas por la CONADI y entregadas a las comunidades mapuches, aunque la mayoría de ellas gracias a concesiones gratuitas hechas por el Ministerio de Bienes Nacionales. Durante el año 1999 y producto de las fuertes movilizaciones desarrolladas por las comunidades en conflicto, el gobierno de Eduardo Frei decidió aumentar en un 37% el presupuesto destinado a la compra de tierras dentro de la CONADI. Sin embargo, dicho aumentó resulta para el pueblo mapuche incapaz de solucionar una situación de conflicto que ya desbordó el restringido carácter campesinista de épocas anteriores y que se ha transformado en un verdadero conflicto de características etno-nacionales.

Todos los antecedentes históricos entregados nos vienen a demostrar que el Estado chileno es el principal responsable de la grave situación territorial que afecta hoy al pueblo mapuche y que ha gatillado el clima de tensión y violencia que se vive hoy al sur del país. Es el Estado el que conquista militarmente y luego "reduce" el territorio del pueblo mapuche, dejándole a sus habitantes una fracción insignificante de las tierras ocupadas por ellos antes de la invasión el año 1881. Es el Estado el que a través de una errada política de colonización pone en manos pocos propietarios inmensas extensiones de tierras ubicadas en medio del antiguo territorio mapuche. Es el Estado el que durante la Reforma Agraria vuelve a hacerse presente, pero esta vez "devolviendo" las tierras que el mismo les había quitado a los mapuches noventa años atrás, para volver a quitárselas por las armás un par de años después. Y finalmente, es el Estado el ha tenido la incapacidad de transformar la última ley indígena en una herramienta de reconocimiento y protección de los derechos de los mapuches, al ceder constantemente dicha aspiración frente a las presiones ejercidas por el capital nacional y extranjero.

Iniciativas del Gobierno en materia de Derechos Indígenas

Desde el término de la dictadura militar, varias han sido las iniciativas emprendidas por los gobiernos de la Concertación en materia de reconocimiento de los derechos indígenas, tales como la creación el año 1990 de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), la promulgación de la Ley Nº 19.253 y la posterior creación el año 1994 de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Sin embargo, todas estas iniciativas han tenido un carácter meramente testimonial y en la practica no se han producido mayores cambios. Hasta el día de hoy, los derechos de los pueblos indígenas en Chile se siguen violando, sus tierras siguen siendo usurpadas por empresas transnacionales, no se respetan sus formas de organización ni sus autoridades tradicionales ni aquellos recursos naturales que por siglos les han permitido sobrevivir, y -lo que es peor- se insiste todavía en un modelo de sociedad que promueve la asimilación y el exterminio de sus culturas.

El primer intento fallido del gobierno por mejorar su imagen con respecto a la relación con los pueblos indígenas fue la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) el año 1990. Esta institución tenía como principales mandatos atender las demandas económico-sociales de los indígenas y elaborar un nuevo proyecto de ley indígena para su tramitación en el Congreso. Con la promulgación de la Ley Nº 19.253 sobre protección y fomento de los pueblos indígenas el 28 de septiembre del año 1993, el trabajo de la CEPI llegó a su fin y en el horizonte indígena chileno hizo su aparición el indigenismo como política de Estado.

La Ley Nº 19.253, ampliamente publicitada como "Ley Indígena", sería el segundo intento fallido del gobierno. Dicha ley contenía novedades de importancia en torno al reconocimiento de los derechos socioculturales de los mapuches, pero estas "novedades" resultaron claramente ineficientes ante el dramatismo que había adquirido la realidad de dicho pueblo al término de la dictadura militar. La Ley Nº 19.253 no resultó "indígena" no sólo por haber sido elaborada por funcionarios del gobierno, sino también porque no recogía ni el sentir de los mapuches ni el legítimo reconocimiento de sus derechos político-territoriales. Es así como uno de los aspectos más criticados de esta ley es el no haber reconocido constitucionalmente el carácter de "pueblo" de los mapuches, ni siquiera en el limitado sentido que a esa palabra le otorga el Convenio 169 de la OIT. En la nueva legislación se usó la palabra "etnia" para definir tanto a los mapuches como a los demás pueblos indígenas de Chile, a pesar de los reclamos presentados por sus dirigentes y por especialistas en convenios internacionales que hicieron ver a los legisladores lo impropio que resultaba utilizar un concepto que había sido desechado desde hace ya bastante tiempo en el lenguaje internacional. Este hecho -por si sólo- representó un grave incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo preelectoral adoptado con el movimiento mapuche el año 1989 en la ciudad de Nueva Imperial.

Consecuencia directa de la promulgación de la nueva ley sería el tercer intento fallido del gobierno: la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Dicha Corporación, según señalan sus propias disposiciones legales, sería "el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado a favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural, y de impulsar su participación en la vida nacional". Sin embargo, en los hechos la creación de esta nueva institución de gobierno no sólo vino a reproducir la larga tradición chilena de organismos oficiales que intermediaban y muchas veces sustituían a los pueblos indígenas y a sus organizaciones representativas, sino que, además, introdujo en el país una nueva estrategia de asimilación/exterminio importada desde uno de los institutos indigenistas más importantes de Latino América: el Instituto Nacional Indigenista (INI) de México.
Fiel a los postulados del indigenismo mexicano que busca "solucionar" la problemática indígena a través de un sin fin de proyectos sociales y productivos, pero sin contradecir ni cambiar la política económica neoliberal imperante al interior de sus fronteras, la CONADI ha demostrado desde su creación una completa ineficiencia para resolver los conflictos territoriales mapuches, generando por el contrario sólo confusión y división al interior de las comunidades al actuar como un instrumento más de la estrategia política, social y económica de los gobiernos de turno. Independiente de lo que señale el texto de la ley indígena, la CONADI no fue creada para contribuir a la preservación y el desarrollo de nuestros pueblos, sino más bien para implementar en la esfera indígena las políticas oficiales tendientes a su integración nacional y posterior desaparecimiento como culturas.

Aunque parezca extraño, han sido las propias actuaciones de los gobiernos de la Concertación las que han liquidado a la CONADI como instrumento confiable para el pueblo mapuche.

En abril del año 1997, aduciéndose como causas una serie de "desordenes administrativos" al interior de la Corporación el propio Presidente Eduardo Frei pidió la renuncia de su primer director, el dirigente mapuche Mauricio Huenchulaf Cayuqueo. No obstante las causas argumentadas por el Ejecutivo, gran parte del pueblo mapuche estimó que su remoción obedecía a la intención del gobierno de eliminar los obstáculos políticos que impedirían dentro del Consejo Nacional de la Corporación la ejecución del Proyecto Ralco en la zona cordillerana de la VIII región y que significaría la construcción de seis centrales hidroeléctricas en la cuenca superior del río Bío-Bío y el desalojo de más de 500 familias mapuche-pehuenches de sus tierras ancestrales.

La construcción de la Represa Ralco, de acuerdo al artículo 13 de la Ley Indígena, resultaba absolutamente ilegal. Así lo había observado el Consejo Nacional de la CONADI en un informe-respuesta entregado a la empresa española ENDESA en el mes de junio del año 1996 y así lo había manifestado públicamente el propio Mauricio Huenchulaf. Del mismo modo y ajustándose al compromiso adquirido con su participación en instancias internacionales tales como el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Corporación se manifestaba contraria a cualquier traslado forzoso de población mapuche-pehuenche desde sus lugares de origen.

Tras la remoción de su primer director, el gobierno chileno designó en su reemplazo a Domingo Namuncura, miembro de un partido de gobierno y hombre de confianza del Presidente Eduardo Frei. Sin embargo, a poco andar comenzaron de nuevo los cuestionamientos al proyecto por parte del Consejo Nacional de la Corporación y en agosto del año 1998 el gobierno volvió a descabezar la CONADI con la destitución del recién asumido nuevo director y la petición de renuncia de dos de sus consejeros. Tanto Domingo Namuncura como los consejeros Cristian Vives y Mylena Valenzuela habían advertido semanas antes que rechazarían las permutas de tierras ofrecidas por ENDESA si se comprobaba que la empresa había utilizado medidas fraudulentas para obtener el consentimiento de las familias pehuenches. Como las permutas de tierras eran un requisito indispensable para la ejecución del Proyecto Ralco, el gobierno optó por destituir a Namuncura y designar en su reemplazo al abogado socialista Rodrigo González.

La destitución de Domingo Namuncura obedeció, sin duda, a sus diferencias frente a la posición mercantilista de un gobierno chileno decidido a violar tanto los derechos de las familias pehuenches afectadas por la represa como a la propia ley indígena con tal de satisfacer los intereses de sus aliados económicos españoles. Es así como en enero del año 1999, a pesar del rechazo de todos los consejeros indígenas y de variadas movilizaciones de protesta realizadas al interior del Wallmapuche, las permutas de tierras ofrecidas por la empresa española ENDESA fueron aprobadas con la sola participación del nuevo director y los miembros del Consejo Nacional que representaban los intereses del gobierno.

A exactos diez años de retornada la "democracia" al país, poco o nada es lo que efectivamente se ha avanzado en torno al reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en general y del pueblo mapuche en particular. Contrario a lo que sucede en gran parte de los demás países del continente, los últimos dos gobiernos chilenos se han negado a reconocerle al pueblo mapuche derechos colectivos que vayan más allá de la de ser meros receptores de esporádicas políticas sociales. Es más, la "transición a la democracia" liderada por los partidos de la Concertación ha violado todos los compromisos establecidos entre el Estado y las organizaciones mapuches desde el año 1989. La CONADI, órgano institucional surgido del Acuerdo de Nueva Imperial, no ha promovido ni defendido los derechos del pueblo mapuche, no ha protegido sus tierras, formas de organización ni su cultura, dejando a las comunidades abandonadas y a merced de la voracidad expansiva de las empresas transnacionales forestales, energéticas, mineras y turísticas.

El Estado chileno tampoco a sido capaz de proteger los recursos naturales de los territorios mapuches. Desde el fin de la dictadura militar, casi un 10% de las 1.300 concesiones mineras constituidas y en trámite a comienzos de 1996 entre Arauco y Chiloé se ubicaron al interior de comunidades mapuches y huilliches. Por otro lado, mientras apenas un 2% de las aguas mapuches se encuentran inscritas, el 75% de los derechos de agua existentes al interior del Wallmapuche han sido otorgados a empresas mineras, forestales, agrícolas e hidroeléctricas. Asimismo, en distintos lagos del sur del país, tales como el Calafquen y Pellaife, y en las costas de Tirúa, Carahue, Toltén, Mehuin, Valdivia y Chiloé el Estado ha otorgado concesiones de acuicultura a empresas exportadoras ajenas a las comunidades que han producido un fuerte impacto ecológico.

El errado manejo de la temática indígena por parte de los gobiernos de la Concertación es un hecho reconocido incluso a nivel internacional. Es así como en agosto del año 1999 el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial sugirió al gobierno chileno que se "disculpara" formalmente con los pueblos indígenas e implementara medidas que permitieran compensarlos por el trato racista y discriminatorio que históricamente ellos han sufrido. Una crítica en el mismo sentido formuló al gobierno el Departamento de Estado norteamericano en su Informe Anual de Derechos Humanos correspondiente al año 1999. En dicho informe se señala, entre otras cosas, que si bien los mapuches participaron en una primera etapa en la elaboración de la ley indígena, "en la práctica, la capacidad de los pueblos indígenas de participar en las decisiones gubernamentales que tengan que ver con sus recursos, propiedad o cultura, es marginal". Del mismo modo, el informe asegura que los mapuches sufren en Chile de una grave discriminación social y racial.

1999: Crónica de un conflicto anunciado

En octubre del año 1997, cuando el tema indígena figuraba entre las últimas preocupaciones del gobierno chileno, intempestivamente la prensa nacional destacaba en sus titulares a un pequeño y perdido poblado de la Provincia de Malleco: Lumako. Allí, en la madrugada del día 13 de octubre, mientras las autoridades nacionales aun se encontraban celebrando junto a diplomáticos españoles el "encuentro de dos mundos" y la llegada del progreso y la palabra de Dios al nuevo continente, más de un centenar de mapuches miembros de las comunidades Pichiloncoyan y Pilinmapu ingresaron al fundo Pidenco dispuestos a paralizar las faenas de explotación que la empresa Forestal Bosques Arauco realizaba en sus tierras ancestrales. Por un día, hombres, mujeres, ancianos y niños mapuches restablecieron soberanía sobre 3.000 hectáreas de un territorio que antes de la invasión militar chilena ascendía a 10 millones.

La respuesta del gobierno, por supuesto, no se hizo esperar. Al mediodía del martes 14 de octubre, por orden del gobierno regional, un gran contingente de fuerzas policiales arremetió violentamente contra los mapuches deteniendo a 37 de ellos y dejando heridos a otros tantos. La quema de tres camiones de la empresa forestal llevada a cabo un mes más tarde por miembros de las comunidades en conflicto fue la excusa para que las autoridades arremetieran nuevamente contra ellos, con todo el odio y el racismo que ha caracterizado por décadas a la clase política chilena y a sus fuerzas de orden y seguridad. De inmediato, el Intendente de la IX región Oscar Eltit, a nombre del Ministerio del Interior, presentó un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra del conjunto del pueblo mapuche. Así, antes de realizar ningún tipo de investigación ni tomar en cuenta un revelador Informe recibido de la "Comisión Nacional de Observación y Mediación" creada por el Ministerio del Interior para conocer el trasfondo de los hechos ocurridos en la zona de Lumako, el gobierno optaba por el camino de la represión masiva, con un amplio despliegue de efectivos policiales y militares, y con una estrategia comunicacional que enfatizaba la "hipótesis" de una eventual infiltración de grupos armados de ultraizquierda en el accionar reivindicativo de las comunidades.

A partir de entonces, un gran número de comunidades en Traiguén, Collipulli, Cañete, Ercilla, Tirua, Nueva Imperial, Galvarino, entre otras comunas de las regiones VIII y IX del sur de Chile, se han sumado progresivamente a las movilizaciones iniciadas en Lumako dando inicio a un proceso masivo de recuperación de tierras usurpadas y de reconstrucción de una fuerza político-social que pueda hacer valer ante el Estado chileno los derechos inalienables que como a toda colectividad humana a los mapuches les corresponden.

De ese modo, las aisladas acciones reivindicativas de las comunidades de Lumako pasaron en menos de un año a transformarse en un abierto conflicto del pueblo mapuche en su conjunto con las empresas transnacionales forestales (de gran influencia económica y política en el país), con el modelo de desarrollo capitalista implementado durante la dictadura y con la estructura politico-institucional del Estado-nación chileno. Teniendo en cuenta estos antecedentes, no extraña la actuación del gobierno durante el transcurso de este conflicto político-social, sin duda, el peor que le ha tocado afrontar desde que se iniciara en el país el año 1990 el llamado "período de transición a la democracia".

Desde que comenzó esta nueva etapa de movilizaciones por parte del pueblo mapuche, las autoridades políticas del país no han trepidado en aplicar toda la fuerza del aparato represivo para proteger los intereses de las empresas forestales, encarcelar a los dirigentes y desarticular al movimiento en su conjunto. Recurrió en un primer momento a la Ley de Seguridad Interior del Estado, a la militarización de vastas zonas del Wallmapuche y a una represión selectiva sobre las comunidades calificadas por los organismos de seguridad como más "conflictivas" y "radicalizadas". Luego, desconcertado ante la persistencia de las ocupaciones de predios forestales y los altos índices de apoyo con que contaban las movilizaciones mapuches en amplios sectores de la sociedad chilena, el gobierno recurrió a una estrategia político-militar basada en la supuesta búsqueda de una salida pacífica al conflicto y en la represión encubierta contra aquellos sectores mapuches que no aceptaran "negociar" en los términos que el ejecutivo impondría. Esta nueva estrategia para enfrentar la "crisis mapuche" estaba diseñada con el objetivo de proyectar ante la sociedad civil chilena una imagen de respeto hacia el mundo indígena y ante el empresariado una imagen de eficiencia en el manejo de áreas conflictivas, permitiéndole de paso al ejecutivo retomar la iniciativa política en un conflicto que desde sus inicios se mantenía fuera de su control.

Es así como el jueves 6 de mayo, haciendo un llamado al dialogo entre los mapuches y las empresas forestales, el gobierno envió a la zona del conflicto al Ministro de Desarrollo y Planificación Nacional (MIDEPLAN) Germán Quintana, para que a través de encuentros con las comunidades pudiera canalizar sus demandas "por la vía legal e institucional". Los denominados "diálogos comunales mapuches" fueron llevados a cabo por una comisión especial de gobierno presidida por el Ministro y su mandato era elaborar un informe en terreno de las demandas y necesidades de las comunidades, para uso posterior del ejecutivo. "Los diálogos comunales son la única salida real para el conflicto étnico que se vive en el sur del país", señalaba el Ministro a su llegada al territorio mapuche. Sin embargo, olvidaba mencionar que dicha "única salida" sólo beneficiaría a aquellas comunidades que no cuestionaban las políticas económicas e indigenistas del Estado y no precisamente a aquellas que con sus movilizaciones y combatividad habían puesto el tema indígena en el primer lugar de la agenda gubernamental. Para estas últimas, la "única salida real" que traería el Ministro Quintana seguiría siendo la represión policial, el amedrentamiento colectivo y la cárcel.

Esto vino a quedar demostrado el mismo día 6 de mayo: en momentos en que el Ministro Quintana viajaba al sur del país para "dialogar" con las comunidades mapuches, en la localidad de Traiguén -epicentro del conflicto mapuche- eran detenidos y sometidos a proceso 13 de los principales dirigentes de las comunidades en conflicto de la zona. Entre ellos estaban Pascual Pichún, lonko de la comunidad Antonio Ñiripil de Temulemu; Aniceto Norin, lonko de la comunidad Didaico y Carlos Ramírez, dirigente de la comunidad Pichipangueco, todos miembros de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco. Tan sólo tres día más tarde otro miembro de la misma organización, Pedro Cayuqueo, era detenido en el Aeropuerto Internacional de Santiago por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Cayuqueo, acababa de regresar desde Ginebra, Suiza, luego de haber participado del 55º Periodo de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde hizo entrega a la Comisión de un detallado informe referido a la situación de derechos humanos en la zona del conflicto mapuche. En dicho informe, se pone de manifiesto la persistencia de las violaciones de derechos humanos en las zonas de conflicto, la persecución y el procesamiento de dirigentes en virtud de acusaciones falsas y también la impunidad de que gozan los miembros de las fuerzas policiales implicados en tales atropellos. Luego de permanecer un día detenido y sometido a intensos interrogatorios en los cuarteles de la Policía de Investigaciones de Santiago, Cayuqueo fue trasladado bajo un fuerte resguardo policial hasta la cárcel de Traiguén, donde finalmente fue sometido a proceso por el delito de "usurpación de tierras" junto a los demás dirigentes de la zona.

De esta forma el gobierno implementaba en los hechos su nueva estrategia político-militar tendiente a desarticular el movimiento reivindicativo mapuche, cubriendo la represión selectiva con el barniz pacifico y conciliador que le otorgaban los "diálogos comunales". Pronto, con la designación de "ministros especiales", la aplicación de leyes altamente restrictivas y el involucramiento de la justicia militar en el juzgamiento de civiles mapuches, la estrategia del gobierno mostraría una nueva cara y el hostigamiento permanente hacia las comunidades en conflicto comenzaría a darse también por la vía legal.

Desde que el gobierno chileno dio formalmente inicio al proceso de diálogos en mayo de 1999, en el Wallmapuche se comenzó a verificar un proceso de militarización de las zonas en conflicto que no ha logrado otra cosa que agudizar el enfrentamiento entre las partes y los abusos por parte de las fuerzas policiales. Hoy, la represión sistemática y la tortura de los detenidos constituyen una forma concreta de propalar el terror entre las comunidades con el fin de paralizar sus movilizaciones. Testimonios directos de mapuches dan cuenta de ello. Luis Ancalaf, lonko de la comunidad Choin Lafkenche y activo miembro de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, fue detenido por fuerzas policiales en un allanamiento ilegal realizado el 19 de agosto de 1999 en su domicilio. "Lo que sucedió fue un allanamiento típico, con mucha violencia donde no se respetó nada. Hasta los perros tocaron palos. En él participaron carabineros y policías de civil, 50 o 60 efectivos fuertemente armados. Todo lo estaba preparando con tiempo la empresa Forestal Mininco, con la cual tenemos desde hace años un conflicto territorial. Escogieron un día de lluvia cuando estabamos todos en la casa, mi padre, mi madre, mujeres, niños chicos, mi señora embarazada. En ningún momento se nos informó porque nos detenían, ni nos mostraron una orden judicial que los autorizara a ingresar así a nuestra casa. A pesar de que no opusimos resistencia igual nos golpearon brutalmente. Antes de llegar a Collipulli, a los seis que íbamos detenidos nos pasaron a un colegio rural para que nos laváramos la sangre", recuerda el dirigente, quien luego de permanecer una semana incomunicado en la Cárcel de Temuco acusado de violar la ley de Seguridad Interior del Estado fue dejado en libertad sin cargos.

Pero la brutalidad no proviene tan sólo del actuar represivo y arbitrario de las fuerzas policiales chilenas. En las diferentes comunidades en conflicto, desde hace muchos años que impera la ley de la selva impuesta por las empresas forestales y sus grupos paramilitares. Ello, avalado por la actitud complaciente de una fuerza policial que no ha adoptado una posición neutral en torno al conflicto. En Cuyinko, Tirua, Lleu-Lleu, Lumako, Traiguén, Ercilla y Collipulli, por mencionar sólo algunas zonas afectadas, los guardias armados de las empresas forestales se pasean intimidando a las comunidades y sobrepasando, de hecho, la autoridad de la policía. La mayoría de sus miembros se caracteriza por el racismo y el odio que sienten hacia el pueblo mapuche. Muchos, además, son ex-miembros de los organismos de seguridad que el régimen militar creó para eliminar a opositores políticos de izquierda, tales como la Central Nacional de Informaciones (CNI) y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Por otro lado, grupos de latifundistas han comenzado a organizar sus propias bandas paramilitares para amedrentar a las comunidades que reclaman sus derechos sobre las tierras usurpadas. Freddy Molina e Italo Subiabre son algunos de los líderes del Frente Común por la Defensa de las Tierras (FCDT) de la zona de Collipulli, organización armada clandestina que ha perpetrado ataques incendiarios junto a guardias armados de la empresa OSEPAR en contra de instalaciones forestales y puentes carreteros que luego han sido imputados a las comunidades mapuches del sector.

Si bien el gobierno chileno en abril del año 1999 advirtió que no toleraría el armamentismo ilícito y la existencia de bandas paramilitares en la zona del conflicto mapuche, lo cierto es que lejos de desaparecer la formación de estos grupos armados a proliferado entre los latifundistas y empresarios forestales que operan en el Wallmapuche. El doble discurso que ha caracterizado el actuar del gobierno chileno no es, sin duda, una muy buena señal a la hora de exigir el respeto de las leyes y de la institucionalidad.

Tan sólo dos días antes de la llegada del enviado presidencial a la zona del conflicto, el 4 de marzo, dos diputados de gobierno, Guido Girardi y Eugenio Tuma, habían solicitado al Ministro del Interior, Raúl Troncoso, que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado a las empresas forestales, ya que estas habrían contratado bandas armadas para efectuar labores encubiertas de seguridad en los predios en disputa. La petición de los parlamentarios se basaba en un informe de la Policía a de Investigaciones de la IX región fechado el 14 de enero, y que daba cuenta que personal de la empresa de seguridad privada OSEPAR de Temuco, contratado supuestamente para el control y la prevención de incendios forestales, realizaba en la práctica labores de vigilancia armada y acciones de amedrentamiento en contra de las comunidades mapuches del sector. "Lo que aquí corresponde es realizar una investigación seria y aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque esto equivale a que existan en Chile una especie de policías paramilitares al margen de toda legalidad", señalaba ante la prensa el diputado Girardi. Sin embargo, y a pesar de existir un informe de un organismo policial al respecto, la petición finalmente no fue acogida por el gobierno chileno.

La impunidad en el actuar de los guardias armados se ha acrecentado de manera dramática en los últimos meses, llegando incluso a producirse una triple alianza entre éstos, las fuerzas policiales y los organismos de inteligencia y seguridad del Estado para implementar una campaña de guerra sucia en contra del conjunto del pueblo mapuche.

Hoy las redes de información y vigilancia, tanto de las forestales como de carabineros, se han establecido en todos los sectores donde el gobierno identifica la presencia de comunidades "conflictivas". En Traiguén, Collipulli, Lleu-Lleu, Truf-Truf o Los Alamos los miembros de las comunidades vienen denunciando desde hace mucho tiempo la presencia de civiles armados, vehículos sin patente que transitan a gran velocidad al interior de los predios y la realización por parte de las empresas de montajes incriminatorios en contra de sus dirigentes y organizaciones. En Cuyinko, comuna de Los Alamos, la empresa Forestal Bosques Arauco posee desde hace varios años una completa infraestructura de inteligencia y un equipo de "seguridad paramilitar" integrado mayoritariamente por ex miembros de la CNI que hoy cumplen labores para la empresa de seguridad OSEPAR. Precisamente estos últimos fueron los responsables, en octubre del año 1999, de la brutal golpiza que afectó a Bernardo Ramos, 54 años, profesor del Liceo Politécnico de Lebu y activo defensor de los derechos del pueblo mapuche en la zona de Arauco.

Convaleciente aún de las graves lesiones sufridas tras el ataque, el profesor Ramos relató que una noche de octubre regresaba a su casa caminando por las calles del puerto de Lebu cuando recibió por detrás un fuerte golpe en la cabeza. "Inmediatamente se fueron encima como cuatro tipos encapuchados, golpeándome por todos lados mientras me decían ¡Esto es por ayudar a los indios, a los mapuches!. En un momento logré zafarme y corrí a mi casa refugiándome en el baño. Ellos me siguieron hasta allí, derribaron la puerta y me continuaron golpeando. Patadas, golpes de puños, con un fierro en todo el cuerpo. Yo gritaba pidiendo auxilio. Cuando los tipos sintieron llegar a mi hermana huyeron. Yo estaba bañado en sangre, Tenía un corte muy profundo en la frente y contusiones en todo el cuerpo. Según los doctores, debieron golpearme con un laque o algo así", relató el profesor.

Al día siguiente del atentado, Bernardo Ramos debía presentarse como testigo judicial a favor del dirigente de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, José Huenchunao Mariñán. Huenchunao, uno de los principales líderes del actual movimiento mapuche, era uno de los 31 miembros de esa organización que habían sido detenidos el 23 de agosto de 1999 en un allanamiento ilegal realizado por fuerzas policiales al interior de la comunidad Pablo Quintriqueo de Cuyinko. Durante la permanencia en la cárcel de Lebu de los mapuches, el profesor Ramos realizó diversas campañas de solidaridad y de denuncia a favor de los detenidos. Al igual que otras personas del sector comprometidas con la lucha de las comunidades mapuches en contra de la Forestal Bosques Arauco, el profesor aseguró que en el último tiempo era seguido por civiles no identificados y vehículos sin patente. Luego del brutal ataque de que fue objeto, su abogado solicitó protección policial para él y su familia. Hasta el día de hoy, dicha petición aun se está tramitando en los tribunales de justicia.

Sin embargo, las actividades terroristas de las empresas de seguridad no se limitan a la agresión física directa en contra de los miembros de las comunidades o de sus simpatizantes, sino que además se complementan con acciones de sabotaje que dejan en evidencia la preparación militar y la capacidad operativa de sus miembros. Todo esto con el fin de inculpar de los hechos a los miembros de las comunidades en conflicto.

Esto es precisamente lo que quedó de manifiesto con Collipulli en agosto de 1999. Posterior al asalto y quema de una casa patronal de la empresa Forestal Mininco al interior del fundo Rucañanco, tanto la policía como el gobierno centraron de inmediato sus investigaciones en la comunidad Choin Lafkenche, hogar de Víctor Ancalaf, uno de los principales dirigentes públicos de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco. A poco de ocurrido el hecho, el propio Intendente de la IX Región, Oscar Eltit, manifestó que se había identificado al líder de la Coordinadora como "uno de los cabecillas del atentado incendiario en Rucañanco". Roberto Parant, Gobernador de la Provincia de Malleco, fue aún más lejos con su apreciación. No satisfecho con la atribución inmediata que el Intendente hacía del atentado a "grupos mapuches violentistas" dirigidos por Ancalaf, el gobernador aseguró a los medios de comunicación poseer antecedentes concretos de la vinculación de los mapuches con movimientos armados de ultraizquierda, tales como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Luego, con declaraciones del mismo tipo hechas por los empresarios forestales agrupados en la Corporación de la Madera (CORMA), la teoría de la "gran conspiración" reaparecía como en los peores años de la dictadura de Pinochet exigiendo la aplicación de medidas extremas.

Y extrema fue la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de las comunidades de Collipulli solicitada por el Intendente y concedida por los tribunales de justicia. La medida trajo como resultado la militarización de la zona en conflicto y la detención arbitraria de seis campesinos mapuches de Collipulli, entre ellos tres hermanos del dirigente Víctor Ancalaf, sobre la base de evidencias fabricadas por los guardias de la empresa de seguridad OSEPAR al servicio de la Forestal Mininco. El testimonio de un trabajador forestal sobornado por la empresa para inculpar a los mapuches del atentado puso más tarde en evidencia la existencia de un claro montaje organizado y preparado por la empresa forestal para inculpar a Víctor Ancalaf y su familia de los hechos ocurridos en Rucañanco. Ante esto, el ministro en visita a cargo de la investigación, Julio Cesar Grandón, no tuvo más opción que dejar en libertad sin cargos a todos los detenidos.

A pesar de que diversas autoridades políticas chilenas, entre ellas el diputado de la coalición de gobierno Francisco Huenchumilla (DC), solicitaron que se "reorientara" el requerimiento de la Ley de Seguridad Interior del Estado para aplicarla directamente en contra de la empresa Forestal Mininco y su grupo de guardias paramilitares, hasta la fecha, ningún ejecutivo de la empresa o guardia a sido procesado por su responsabilidad en los hechos. Mientras tanto, miembros de las comunidades en conflicto de Collipulli siguen denunciando el hostigamiento y la violencia de los guardias de la forestal, la infiltración de espías y provocadores al interior de las comunidades, y la presencia de ex militares realizando labores de inteligencia para las empresas madereras. El propio Víctor Ancalaf, desde la clandestinidad que debió asumir luego de la detención de sus hermanos, denunció que un ex miembro del Ejército, Pedro Reyes Urra, realizaba desde el campamento forestal de Rucañanco labores de espionaje e infiltración hacia las comunidades mapuches.

Por Coordinadora Mapuche Arauco Malleco

 Campañas

2017-04-10

Campaña de Amnistía Internacional

¡Alza la voz y firma por Víctor Queipul!

Campaña de Amnistía Internacional en defensa de activistas ambientales en América. Víctor Queipul Hueiquil, lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, ha trabajado por la reivindicación de los territorios ancestrales mapuche, la protección de su identidad cultural y espiritual, y por su autodeterminación. Durante años, integrantes de esta comunidad han denunciado que han sufrido violencia policial, malos tratos y tortura, persecución judicial, estigmatización y criminalización por su trabajo a favor de los derechos humanos. firma para exigir a las autoridades/:
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2017-05-01

No Mineria en Ruta 40 - Greenpeace

NO a la mina a cielo abierto en Cueva de las Manos

Estimada Ministra: creemos que el sitio Cueva de las Manos y su entorno, con más de 70 yacimientos arqueológicos de similar valor, deben ser un bien público administrado por un equipo independiente del poder minero, con autoridad para proteger no sólo las pinturas, sino también la riqueza de la naturaleza y el paisaje cultural enmarcado en 10.000 años de historia de presencia humana.
QUEREMOS UN PARQUE NACIONAL Y NO LA MINA DE ORO A CIELO ABIERTO de PATAGONIA GOLD (CARLOS MIGUENS).
¿Por qué es esto importante?
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2017-05-12

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Se trata de profesionales que desarrollan sus actividades en La Araucanía y han denunciado sistemáticos abusos a las comunidades mapuche. Es claro el rol de los comunicadores sociales bajo un sistema de información basado en el sensacionalismo, las influencias políticas y los intereses económicos. Ver video: Operación Tauro - Allanamiento en Comunidad Rodrigo Melinao. 24 de Enero de 2017 “Ojo, este video no saldrá en los grandes medios de comunicación masiva. Ponga compartir”, es el mensaje que se lee en las redes de difusión independientes que buscan romper con el cerco informativo que caracteriza a la prensa tradicional respecto de la violencia y el abuso a los derechos humanos.
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2017-11-16

Se agrava con varios heridos en Argentina

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La comunidad indígena, que reclama su derecho ancestral sobre las tierras de la Patagonia argentina, fue repelida violentamente por más de 200 oficiales. Amnistía Internacional repudió el hecho.
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Un grupo de indígenas se instala en una parte de las 900.000 hectáreas con 100.000 ovejas que tiene el grupo italiano en el país austral. Los intentos por sacarlos han acabado con heridos graves.
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¿Qué nos legó Occidente en su intento de globalización colonizadora?

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2020-01-30

Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche

Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün.

Acceso libre al libro Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün: Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2012. Descarga
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2020-02-01

Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche tanto en su estructura síquica y en su idiosincrasia, siendo la característica primaria del pueblo mapuche su fortaleza.

Nota: Estos documentos pertenece al patrimonio cultural comun, por lo que puede ser utilizado y reproducidos libremente.
Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)
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2020-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
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2020-02-02

La convocatoria se encuentra abierta todo el año.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.
La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
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2020-02-02

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
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2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

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2020-02-03

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La conmovedora historia de la mujer objeto occidental

El uso del cuerpo de la mujer en publicidad es violencia simbólica, muy evidente y perceptible. La subordinación sexual de la mujer en la promoción de ventas es un elemento clave en las campañas de marketing que la exponen como mercancía, y objeto sexual. A la mujer occidental en los spots comerciales se le presenta sin cualidades y habilidades intelectuales y se le reduce en un objeto de satisfacción de necesidad biológica del hombre occidental. Mire el video:
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2020-02-13

Programa Radial Mapuche

Wixage Anai espacio para la expresion Mapuce

Peñi, lamgen es importante que usted pueda sumar su apoyo a esta labor de comunicación que hace 21 años se realiza, asistiendo a los encuentros que convocamos u otras iniciativas. Correo electrónico: wixageanai.radio@gmail.com Telefono: 92246211
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2020-03-26

Año 2016: Acuerdo Unión Europea y Turquía

Convierte la isla de Lesbos, Grecia en campo de deportación de refugiados

Médicos sin Fronteras, ACNUR y otras ONG suspenden sus actividades en el campo de Moria en la isla de Lesbos; Grecia para no ser "cómplices de un sistema injusto e inhumano". Tras la entrada en vigor del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía el campo de acogida de refugiados de Moria se ha convertido en un centro de deportación de refugiados. Los Veintiocho de la Unión Europea acordaron resolver el problema de las migraciones a través de “la reubicación.” El acuerdo Unión Europea y Turquía obliga a solicitantes de asilo a subir esposados a los barcos sin informarles de su destino. Este acuerdo vulnera la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en lo relativo al principio de no devolución y a la prohibición de expulsiones colectivas. Una flagrante violación de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y de las libertades fundamentales. Polonia, Hungría y otros Estados europeos; tradicionalmente países de emigración, anuncian que no recibirán refugiados...
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Quieren Destruir los bosques y rios de El Bolson y la Patagonia Andina


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Benetton y los mapuche


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Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.