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2017-05-12 | Campañas | Mapuche

Formalizados por difundir información:

La situación que enfrentan los comunicadores independientes

Se trata de profesionales que desarrollan sus actividades en La Araucanía y han denunciado sistemáticos abusos a las comunidades mapuche. Es claro el rol de los comunicadores sociales bajo un sistema de información basado en el sensacionalismo, las influencias políticas y los intereses económicos. Ver video: Operación Tauro - Allanamiento en Comunidad Rodrigo Melinao. 24 de Enero de 2017 “Ojo, este video no saldrá en los grandes medios de comunicación masiva. Ponga compartir”, es el mensaje que se lee en las redes de difusión independientes que buscan romper con el cerco informativo que caracteriza a la prensa tradicional respecto de la violencia y el abuso a los derechos humanos.


Los abogados defensores aseguran que nuevamente quedará en evidencia el fracaso del Ministerio Público por falta de pruebas en sus acusaciones.

Los procedimientos judiciales contra comunicadores sociales por presuntos vínculos de asociación ilícita con organismos terroristas no son nuevos en el ejercicio profesional independiente.

En 2008, la documentalista Elena Varela fue allanada en su casa de Lincan Ray, región de La Araucanía, donde se le incautaron sus equipos, cintas, memorias y todo lo que estuviese relacionado con su trabajo que por años había dedicado a la producción del documental “Newen Mapuche”. En este material se denunciaba la represión contra las comunidades indígenas de la región. Luego de un año y medio de investigación y de estar detenida en la Cárcel de Alta Seguridad, se resolvió absolver a Elena por los delitos que se le acusaban a través de la Ley Antiterrorista.

Fue también el caso del fotógrafo Felipe Durán quien estuvo once meses en prisión preventiva mientras fue investigado por presunta infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos. Luego fue absuelto por el Tribunal Oral de Temuco pese a que la Fiscalía solicitaba nueve años de presidio.

El pasado 23 de febrero fueron formalizados por desórdenes públicos en el Juzgado de Garantía de Panguipulli los “13 de Reyehueico”, entre ellos tres comunicadores sociales de medios mapuche. Estos hechos se habrían generado en agosto pasado en medio de una manifestación contra la minicentral hidroeléctrica de paso que se está construyendo en Tranguil. Sin embargo, los informes policiales dan cuenta que no se produjo ningún perjuicio en el sector, es decir, fue una manifestación pacífica donde no se registraron detenidos.

Los tres comunicadores fueron los únicos que registraron estos hechos días antes de encontrar muerta a la activista por esta causa Macarena Valdés, esposa del werkén Rubén Collío.

Sergio Millamán, abogado defensor de dos de los profesionales Mauricio Durán y Francisca Poblete quienes han colaborado en medios como El Puelche y radio Wallon, señaló que es evidente que con estas acciones judiciales se está vulnerando la libertad de expresión y la libre difusión de información. “No se entiende porqué se les formaliza si el motivo por el que estaban ahí era registrar ese suceso, es decir, cumplir con su rol profesional”.

El Ministerio Público ofreció la suspensión condicional del proceso a través de una salida alternativa, lo que fue rechazado por los comunicadores, porque estarían avalando un ilícito que no cometieron.

El día de la formalización, la Fiscalía solicitó ampliar el plazo de investigación por sesenta días. Para Millamán es muy poco probable que se llegue a una acusación considerando que luego de seis meses de indagatorias y una carpeta que suma más de cien páginas de antecedentes todavía no se pueden justificar los supuestos desórdenes públicos.

Es dudoso solicitar una extensión de la investigación para un hecho que ya se considera de carácter pacífico de acuerdo a los informes policiales. La Fiscalía podría, eventualmente, pedir nuevas diligencias como la incautación del material filmado, lo que no tendría un sustento jurídico por los cargos que se están imputando. “Eso no lo permitiríamos”, manifestó el abogado.

“Al igual que el resto de las personas que participaron de esta protesta no cometieron ningún desorden como está acusando el Ministerio Público. Mauricio y Francisca estaban cubriendo la marcha y dando difusión a las comunidades de Panguipulli. Aquí no corresponde una salida alternativa y menos una investigación penal contra los imputados”, aclaró.

“Esta es la contraportada que a muchos no les gusta”
Un caso que se mantiene en proceso al igual que el del documentalista Vicente Montecinos, procesado a través de la Ley de Control de Armas que en su artículo n°8 sanciona el delito de milicias privadas y especifica que no se pueden coordinar, preparar, coordinar actividades ilícitas grupales.

Eso le indicaron al momento de allanar su casa en Santiago e incautarle una serie de material grabado donde se denunciaba la represión que vive el pueblo mapuche. Sin embargo, nunca se ha demostrado una supuesta asociación ilícita.

Dentro del material que está siendo periciado por la Policía de Investigaciones (PDI), a solicitud del Fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo Palma, se encuentra un allanamiento a la comunidad Rodrigo Melinao, el 24 de enero pasado, en la llamada “Operación Tauro”. Además, se incautó la película “Ñuke” que iba a ser estrenada este año.

“Los comunicadores sociales son personas incómodas a la verdad oficial para los empresarios que tienen inversiones en los territorios. Entonces, al dar a conocer esta información se genera una contraportada que no les gusta”, comentó.

Mientras, la semana pasada se conoció la resolución de la Corte Suprema respecto de la expulsión del documentalista italiano Lorenzo Spairani. El Máximo Tribunal dejó sin efecto el decreto ingresado por el Intendente Metropolitano, Claudio Orrego, señalando que no había fundamento adecuado para su expulsión. Es decir, se confirma que se fue un acto arbitrario que vulnera los derechos del profesional.

El informe policial que fundamentaba la orden de Intendencia fueron tres líneas que ni siquiera precisaban que actos afectaban a la “seguridad nacional”, según explicó el abogado querellante en esta causa a través del recurso presentado por el Movimiento de Acción Migrante (MAM), Francisco Jara.

El jurista señaló que “como el informe policial fue tan vago ni siquiera sabemos que fue lo que ellos les pareció que afectaba la seguridad. No sé si fue reunirse con un sindicato de trabajadores del Sename, si fue asistir a marchas, si fue grabar un documental. Yo tendería a pensar que es un tema que de libertad de expresión por que se estaba dedicando a actividades políticas, pero el documento no lo específica”.

Fuente: Diario Universidad de Chile

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