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2015-02-05 | Opinión | Mapuche

De la consulta a la participación en la toma de decisiones

Reconocimiento político del pueblo mapuche:

En un hecho histórico, el Parlamento aprobó durante enero la reforma al sistema binominal, afectando así uno de los principales enclaves autoritarios de nuestra institucionalidad política. Más allá del impacto y de la profundidad real de esta reforma, el gobierno dio, con esto, cumplimiento a uno de sus compromisos.
Sin embargo, otro de sus principales compromisos programáticos –la inclusión y el reconocimiento político de los pueblos originarios– continúa en vilo. Sin duda, la escasa representación política de la diversidad, y en particular de los pueblos indígenas, es una deuda aún pendiente de nuestra democracia, y este nuevo sistema electoral, ciertamente, no garantiza per se espacio para todos y todas en la toma de decisiones.


En efecto, diversas organizaciones mapuche han manifestado disconformidad con la reforma, argumentando que no genera grandes cambios en el escenario electoral en sus regiones y no les brinda necesariamente mayores oportunidades electorales. Mientras resuenan en nuestra sociedad, y en particular en el mundo mapuche, importantes demandas por espacios de autogobierno y democracia participativa, esta reforma no resuelve ni siquiera el reto más básico: la representación indígena en el Parlamento, que en la actualidad equivale a un lamentable 0%.
El gobierno se ha comprometido recientemente a enviar, una vez resuelta la reforma al binominal, un proyecto con alternativas de inclusión política de los pueblos originarios. No obstante, no hay señales claras con respecto al camino a seguir por el Ejecutivo, sobre todo cuando aún está pendiente la principal promesa de la Nueva Mayoría: una nueva Constitución mediante un proceso “legítimo institucional y participativo”.
Hoy desde los más diversos sectores se admite la urgencia de reconocer políticamente a los pueblos indígenas como sujetos y actores colectivos; sin embargo, las propuestas son variadas y guardan importantes diferencias. Además de las demandas que resuenan hace años entre las propias organizaciones indígenas, principalmente mapuche, en el último semestre han aparecido dos informes desde la institucionalidad política con propuestas que manifiestan la necesidad ética y práctica de responder políticamente a las demandas del pueblo mapuche: la propuesta de la Comisión Presidencial de Descentralización y la propuesta de los parlamentarios RN, Alberto Espina y José García Ruminot, Paz para La Araucanía. Estas iniciativas son de conocimiento público y es posible reseñar algunos de sus puntos.
Para que nuestra democracia realmente pueda enriquecerse con la participación de representantes mapuche necesitará, sin duda –dadas las desventajas históricas a las que han estado sometidos como pueblo–, de efectivas medidas afirmativas, como los escaños reservados en el Parlamento nacional, y, por cierto, de la instauración de espacios de autogobierno y representación local con amplios márgenes de autodeterminación en aquellas regiones donde se concentran poblacionalmente.
El informe de la Comisión de Descentralización recoge las demandas de autonomía mapuche y propone la creación de una Región Plurinacional de La Araucanía (territorial y nominalmente aún por definir), con estatuto propio, con espacios de autogobierno y Parlamento propio a nivel subnacional. Se propone una estructura administrativa que permitiría la descentralización de la política, la economía y la cultura dentro de un Estado que reconocería la diversidad de sus realidades locales. En última instancia, la idea es que el pueblo mapuche de la región pueda participar en la toma de decisiones con respecto a su organización, su cultura, sus recursos y también respecto al modelo de desarrollo que quiere seguir. Además de propiciar la toma de decisiones en su territorio, se propone la participación de representantes mapuche con escaños reservados en los cargos de representación popular a nivel nacional y local.
Por su parte, la propuesta de los parlamentarios RN, publicada casi en simultáneo, destaca la necesidad de integrar políticamente al pueblo mapuche básicamente mediante su reconocimiento constitucional, la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y la creación de cuotas en las elecciones parlamentarias y locales. Sugiere fortalecer el apoyo productivo a las comunidades e implementar una repartición territorial selectiva y “ordenada”. Aun cuando se celebra que sectores históricamente lejanos a la causa mapuche piensen en responder política y no policialmente al conflicto en La Araucanía, no cabe duda de que en este documento la necesidad de que el pueblo mapuche decida por sí mismo ocupa un lugar secundario. El énfasis aquí estaría más en integrar y asimilar, que en reconocer e incluir políticamente su singularidad como pueblo. En este formato, prácticamente no contarían con más posibilidades que adaptarse forzosamente al modelo de desarrollo impuesto, mientras para poder decidir con real incidencia sobre su territorio deberán contar con la fortuna electoral a su favor. El mecanismo de cuotas que proponen, ciertamente, no garantiza –como sí lo hacen los escaños reservados– espacios en el Parlamento para el pueblo mapuche, sino exclusivamente, en el mejor de los casos, la posibilidad de competir. Dadas las dinámicas del mercado electoral y del financiamiento de la política en Chile, esto representa probabilidades cercanas a cero de conseguir un escaño.
Para que nuestra democracia realmente pueda enriquecerse con la participación de representantes mapuche necesitará, sin duda –dadas las desventajas históricas a las que han estado sometidos como pueblo–, de efectivas medidas afirmativas, como los escaños reservados en el Parlamento nacional, y, por cierto, de la instauración de espacios de autogobierno y representación local con amplios márgenes de autodeterminación en aquellas regiones donde se concentran poblacionalmente. Dado el bajo impacto de las cuotas y la efectividad de los escaños reservados y del autogobierno local en la experiencia internacional, es posible esperar que medidas como éstas sean –si bien no una solución definitiva al conflicto– un gran incentivo para la convivencia democrática. Es de esperar que las medidas del Ejecutivo vayan en esta dirección y que una nueva institucionalidad legítima y participativa resguarde la calidad de nuestra democracia del actual acecho de la cooptación y del clientelismo político. Por cierto, el reconocimiento político de los pueblos originarios resalta la necesidad de asumirnos como Estado plurinacional y de contar con una Carta Magna nueva y legítima.
Si bien las demandas de “liberación nacional” tienen gran presencia en las organizaciones mapuche y muchas descartan la posibilidad de participar de la institucionalidad política del Estado chileno, hay importantes organizaciones como Identidad Territorial Lafkenche o Wallmapuwen, que han identificado la necesidad de avanzar hacia la participación y el reconocimiento político al interior de un Estado plurinacional. En la vereda de enfrente, incluso sectores de la derecha han admitido que el conflicto guarda raíces históricas y estructurales y que no es la represión sino la inclusión política la que, si bien no cambiaría la historia ni aplacaría las legítimas demandas del pueblo mapuche, podría disminuir los niveles de violencia y situar la disputa en el marco de la convivencia democrática.
Es que efectivamente los costos humanos y sociales del conflicto parecen demandar respuestas concretas de canalización política. Por un lado, saltan a la vista los imperativos éticos de justicia y reparación del daño histórico a los pueblos indígenas y en particular al pueblo mapuche, y por otro, la necesidad política y práctica de fomentar la convivencia, encauzando política y democráticamente el conflicto. Por cierto, no se puede negar ni resolver de la noche a la mañana un conflicto histórico como éste, pero sí es sensato y urgente canalizarlo con el menor daño social y humano posible.
Transversalmente parecen posicionarse medidas con relativo consenso (reconocimiento constitucional, Región Plurinacional y Pluricultural de La Araucanía, Ministerio de Asuntos Indígenas, Consejo Indígena, escaños reservados, etc.); no obstante, se requiere de voluntad y liderazgo político por parte de actual gobierno para hacer realidad el reconocimiento político y efectivo de los pueblos indígenas, y en particular del pueblo mapuche, significativamente mayoritario en Chile. El proceso de consulta indígena desarrollado recientemente (altamente criticado por su modo de implementación) y la indemnización ofrecida a la familia de Matías Catrileo, pueden ser medidas con alto valor simbólico, pero se requieren soluciones estructurales y sustentables. La señal que da actualmente la familia Catrileo, rechazando los 130 millones de pesos de indemnización ofrecidos por el Estado, apunta ciertamente en esta dirección. Por su parte, el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos exhorta a tomar medidas para profundizar nuestra democracia y para fortalecer nuestra convivencia como sociedad, en especial en territorio mapuche. En esta tarea es crucial escuchar a los los pueblos indígenas, pero también otorgarles reales espacios de representación y participación en la toma de decisiones. Sin duda, esto no soluciona un conflicto de profundas raíces, pero sí puede representar un primer paso firme y necesario en el camino al fortalecimiento de la paz y la democracia en nuestra sociedad.

Carlos Bresciani y Nicolás Rojas Pedemonte
Carlos Bresciani SJ es el Superior de la Misión Jesuita Mapuche en Tirúa, Provincia de Arauco; y Nicolás Rojas Pedemonte es Doctor en Sociología, Coordinador de investigación del Área Social SJ, CREAS - Universidad Alberto Hurtado y Coordinador académico del Observatori del Conflicte Social de la U. de Barcelona.

Colaborador : Carlos Pilquil
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Fuente: El Mostrador

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La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
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